Revocatoria de visados: La factura de cobro norteamericana

Las objeciones presidenciales a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, terminaron convirtiéndose en una lupa que magnificó todas las grietas que se han derivado de lo que se acordó con las FARC en La Habana en 2016. Permeando a la Corte Constitucional (que le dedicó un año y un mes a su revisión), y con un paso por el Congreso que lo único que dejó claro fue la evidente incapacidad para lograr consensos al interior del Legislativo, en mayo pasado el turno fue para las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos.
¿Qué le está cobrando el país del norte al gobierno colombiano?

La revocatoria de las visas por parte del gobierno de Donald Trump a varios miembros de la rama judicial se ha convertido en uno de los desplantes diplomáticos más significativos de los últimos tiempos. Sin mayores explicaciones por parte de la embajada norteamericana en Bogotá, el tema trató, en vano, de ser contenido, y hoy es claro que lo que se esconde detrás del mismo, tiene nombre y apellido: el aumento en los cultivos ilícitos y la extradición. 

Un antecedente vergonzoso

En década de los años noventa, durante el gobierno del Presidente, Ernesto Samper Pizano, Estados Unidos, en cabeza de Bill Clinton, le revocó la visa al mandatario colombiano.

Aunque no son casos directamente comparables, la mañana del 12 de julio de 1996, Colombia y el mundo se despertaron con un titular que ponía en entredicho la legitimidad y la transparencia del gobierno colombiano: Estados Unidos había hecho realidad su amenaza de cancelarle el visado al Presidente Ernesto Samper Pizano, por haber “participado a conciencia en negociaciones con el narcotráfico. Hay certeza de que entraron dineros de está procedencia en su campaña electoral. La sanción es personal, no contra el gobierno colombiano, y Samper no es bienvenido en Estados Unidos”. 

Dicha declaración, pronunciada por el entonces portavoz del Departamento de Estado en una rueda de prensa en Washington, fue el comienzo de un periodo vergonzoso para las relaciones diplomáticas bilaterales. Más allá de la desacreditación mundial del Ejecutivo colombiano, el margen de maniobra en la escena internacional por parte del Gobierno se disminuyó y si no fuera porque Ernesto Samper tenía la presidencia de Movimiento de Países No Alineados (Noal), su gestión y capacidad de operación en el exterior habría sido casi nula. 

En aquel entonces, la respuesta por parte de la Casa de Nariño fue corta y contundente: “El gobierno se manifiesta indignado por esta medida unilateral e intervencionista (…) y la sanción sienta un inaceptable precedente intervencionista en el que el Gobierno de Estados Unidos desconoce el sistema jurídico de Colombia”, fue el comunicado que emitió entonces la Presidencia en Bogotá. 

El caso del expresidente Samper es un buen ejemplo de cómo Estados Unidos ha recurrido en más de una ocasión a esta modalidad de presión a través de la cancelación de las visas por razones políticas. No obstante, en esta oportunidad hay un hecho sin precedentes para la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países: históricamente y como lo ocurrido con Samper, el gobierno de turno norteamericano revocaba las visas a razón de acusaciones de narcotráfico o delincuencia, pero nunca se habían dado, como lo aseguran varias personalidades políticas, por diferencias de opinión en decisiones judiciales.

La presión diplomática hoy

A los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo (izquierda), Diana Fajardo (Centro), y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño (derecha), se les revocó su derecho de entrada a Estados Unidos durante el mes de marzo, aunque a dos de ellos se les reestableció el visado poco después.

Y es que lo que pasó durante los meses de abril y mayo, sí responde a una práctica usual de castigo y de presión diplomática que Estados Unidos siempre ha aplicado a sus vecinos del sur (hizo lo mismo contra los juristas del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro), pero nunca por las razones que al parecer le está aplicando en estos momentos a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño y al representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas, quien ha dicho que este es un claro mensaje del gobierno norteamericano al legislativo colombiano. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y lo que es aún más relevante: ¿por qué ahora? 

Es cierto que un país tiene todo el derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero revocarle la visa a un magistrado, al parecer por haber sido ponente de la Ley Estatutaria de la JEP, y porque ello podría tener implicaciones opuestas a los intereses norteamericanos en procesos de extradición, es un hecho nunca antes visto. Al parecer lo mismo le pasó a la magistrada Diana Fajardo, quien hizo parte de los debates relacionados con el proceso de paz. 

En un escueto comunicado la delegación diplomática norteamericana en Bogotá dijo que los expedientes de visas son confidenciales, por lo que no se hacen comentarios sobre casos individuales. “El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa. Todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos”.

Ante este ejercicio de poder blando (aquella capacidad de un determinado actor político, como un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios diplomáticos), de acuerdo con el profesor de política exterior norteamericana y experto en seguridad hemisférica de la Pontificia Universidad Javeriana, Emerson Forigua, aunque aún no son claras las razones por las cuales Estados Unidos adoptó esa postura (las hipótesis se han limitado a la especulación y la explicación dada por la embajada del país del norte no tranquilizó a la opinión pública), lo que sí es claro es que Washington siempre se ha caracterizado por tener una toma de decisión diplomática medida y estudiada a fondo. 

“La burocracia estadounidense no es precipitada y debió haber un proceso de análisis de atrás. Aunque el Presidente Donald Trump, en más de una ocasión, habla en calidad de individuo cuando debería moderarse, el peso de la institucionalidad norteamericana es otro, es calculado, y es pragmático y cuidadoso en su toma de decisiones”, señala el profesor Forigua. Según el internacionalista, otra de las cosas que ya está clara con esta decisión, es que Estados Unidos ya venía manifestando, desde hacía varios meses, su inconformidad con la forma en la que se estaban desarrollando algunas decisiones de la política doméstica nacional. 

“Precisamente por eso, una hipótesis viable que explica la decisión por parte de la administración Trump, es que Estados Unidos no está feliz con la evolución que ha tenido la política contra el narcotráfico, pero también puede existir una incertidumbre frente a la evolución judicial que tenga la Jurisdicción Especial para la Paz”, añade el analista.

Antecedentes de malestar: las declaraciones del exembajador William Brownfield

El exembajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, desde el año 2017, hizo evidente el malestar que sentía su país por el retroceso en la lucha contra las drogas en Colombia, a razón del aumento de los cultivos ilícitos en el territorio nacional. La explicación dada por la embajada norteamericana, no obstante, fue escueta y no satisfizo a la opinión pública colombiana.

Ciertamente el malestar viene de antes. El miércoles 2 de agosto de 2017 el entonces subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, advirtió en una entrevista hecha por El Tiempo, que si Colombia no encontraba pronto una solución para el incremento de los cultivos ilícitos en el país, las relaciones bilaterales entre las dos naciones se podrían ver afectadas. Haciendo una serie de advertencias frente al aumento de los cultivos de coca y a la forma en la que se estaba potenciando el tema de la extradición, Brownfield dejó claro hace dos años que, aunque amigos, socios y la mejor asociación de dos naciones en todo el Hemisferio, “tenemos un problema y si no llegamos a una solución aceptable para ambos países bastante pronto, van a presentarse problemas políticos y bilaterales y eso es lo que quiero evitar”, dijo entonces.

Históricamente, Estados Unidos siempre ha tenido unos intereses económicos claros y un interés de seguridad (no de defensa) definido: la lucha contra el narcotráfico. Es precisamente por eso que un incremento de esa actividad y de todas las dinámicas que la misma le implica a ambos países, ha generado algo así como un desgaste en la política antidrogas que ha ejercido esa nación frente a Colombia. 

“Cuando el entonces Presidente Barack Obama hizo un análisis sobre la política antidrogas norteamericana a nivel mundial, en aquel entonces la congresista demócrata, Nancy Pelosi, reflexionaba frente al hecho de que su país había invertido recursos importantes en el tema, sin ver resultados claros. Estos indicios no son algo nuevo y la decisión de revocar visados podría estar siendo la punta del iceberg”, puntualiza Forigua. 

El Congreso norteamericano, desde la era Obama, se viene planteando su política antinarcóticos a nivel mundial, y varios de sus congresistas, tanto demócratas como republicanos, se han cuestionado la inversión norteamericana a este respecto en Colombia

Brownfield criticó en aquel entonces la erradicación manual de los cultivos ilícitos y dijo que el problema del aumento de los mismos (el cual catálogo de crisis) desde el 2014 también podía atribuirse a la decisión del gobierno de suspender las fumigaciones en octubre de 2015, postura que secundaron varios congresistas, y no exclusivamente republicanos. Pesos pesados del partido demócrata, lo que denotó, desde aquel entonces, un malestar generalizado en el Gobierno de Estados Unidos y no exclusivamente en algunos de sus sectores más conservadores. 

Marco Rubio señaló que no podía haber paz sin seguridad, tras conectar la expansión del narcotráfico con nuevos focos de violencia; Robert Menéndez (senador demócrata) sostuvo que el “vacío que está dejando la paz no puede ser llenado con coca”, y Dianne Feinstein (senadora demócrata), dijo que su paciencia frente al Plan Colombia, que según ella había sido un fracaso, estaba llegando a su límite y que Estados Unidos debería extraditar algunos de los líderes de las FARC involucrados en el tráfico de drogas. 

Frente al sensible nervio de la extradición, la postura norteamericana tampoco es nueva. En ese mismo día en el que se llevó a cabo una audiencia convocada por el Congreso de Estados Unidos para evaluar el proceso de implementación de los acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno y las FARC, Brownfield se refirió en particular al caso de Julio Enrique Moreno, un jefe guerrillero que secuestró a un estadounidense en Panamá en el 2009, pero que no fue extraditado tras el concepto negativo de la Corte Suprema. Kevin Whitaker también ha mostrado de manera consistente sus inquietudes frente al tema de la extradición a tal punto, que le envió a la Corte Suprema de Justicia un comunicado precisamente frente al caso de Julio Enrique Lemos Moreno. 

El editorial del New York Times publicado el 24 de mayo y titulado Colombia’s Peace Is Too Precious to Abandon, o “La paz en Colombia es muy preciada para abandonarla”, deja claro en su sumario que “los escépticos del acuerdo con los rebeldes están socavando su aplicación. La Casa Blanca no debería ayudarlos”. 

“¿Es la revocatoria de las visas el mejor mecanismo para apalancar los intereses norteamericanos? No necesariamente, como el ejercicio de todos los soft power, pero sí es un mensaje que tiene un impacto negativo sobre la cooperación judicial que ha existido entre ambos países. El gobierno se debe dar a la tarea de entender cuál es el interés actual de Estados Unidos, y de entender qué es lo que ese país siente que se les está vulnerando para que hayan jugado una carta como la que jugaron, porque lo que sí es cierto es que la información que está circulando frente al tema no es completamente clara”, finalizó diciendo Emerson Forigua. 

Comparte este contenido en tus redes sociales