¿Se acaba la Ley de Garantías?

¿Se acaba la Ley de Garantías?

La campaña política para renovar alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas departamentales inició en firme en marzo pasado y con ella el clamor de las regiones para que se eliminen cuanto antes las restricciones que trae consigo la Ley de Garantías Electorales. Aunque el Gobierno Nacional envió un mensaje de urgencia al Congreso de la República para darle trámite al proyecto que derogaría la norma antes de las elecciones del 27 de octubre próximo, hay incertidumbre sobre si alcanzará el tiempo para hacerlo.

Desde 2005, fecha en la que entró a regir la Ley de Garantías en Colombia, a través de la cual se limita a los servidores públicos para contratar obras en plena campaña electoral, existe un reclamo generalizado de los mandatarios regionales por la manera como la norma ha venido afectando el cumplimiento de sus programas de gobierno. De eso es consciente la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien reconoce en el mensaje enviado al Legislativo que su aplicación “ha dificultado la ejecución de recursos que buscan el desarrollo y bienestar de los ciudadanos”. 

La idea es que se elimine antes de mitad de año y no se aplique para las elecciones del 27 de octubre próximo, lo que sin duda sería un alivio para los alcaldes que, en la recta final de su administración, esperan llevar a cabo sus proyectos y obras sin dificultades. En marzo pasado, el Presidente Iván Duque anunció en la ciudad de Cartagena su intención de pedir al Senado y la Cámara de Representantes prioridad para esta iniciativa, con miras a agilizar el trabajo de los entes territoriales y contribuir al desarrollo regional. 

En opinión de Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), la Ley de Garantías, que se creó para blindar los procesos electorales, perdió su razón de ser desde que se eliminó la figura de la reelección presidencial. Por eso confía en los buenos oficios de los parlamentarios para eliminar las restricciones que comenzarán a aplicarse desde finales de junio en materia de contratación. 

“Es absurdo que una ley que restringe tanto la gobernabilidad, además porque se creó para garantizar que cuando el Presidente se quisiera hacer reelegir, no utilizara los recursos del Estado, se mantenga cuando ya no hay reelección. Por eso insisto en que no se necesita para nada que esta ley continúe”, subraya Toro, quien considera que las comunidades locales han sido las más afectadas con la congelación de recursos para obras que lleven bienestar y progreso a los municipios y ciudades.

La importancia de derogar la ley

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, admitió que la Ley ha dificultado la ejecución de recursos.

Tomando como base la Ley 996 de 2005, gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital no podrán celebrar convenios interadministrativos entre el 27 de junio de 2019 y el 27 de octubre del mismo año. Eso, según los mandatarios locales, les impediría cumplir con los proyectos que están pendientes en la fase final de su período como gobernantes. “La Ley de Garantías es una medida que solo limita nuestras acciones para poder ejecutar a tiempo los programas de gobierno en las regiones”, afirma el alcalde de Montelíbano (Córdoba), Francisco Alean. 

Y es que los municipios pierden casi un año de ejecución por la prohibición de contratar cuando se acerca la época electoral. En esta ocasión, los colombianos acudirán el 27 de octubre a las urnas para elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.102 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y más de 6 mil juntas administradoras locales para el período 2020–2023. En su momento, la norma fue pensada para evitar que los recursos públicos se usaran a favor de algún candidato.

El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, considera absurdo mantener una Ley que restringe la gobernabilidad.

 “Esta ley es absurda, porque lo que hace es paralizar el desarrollo y limita los convenios que tienen que darse entre el gobierno central y los locales para cofinanciar obras”, señala el director ejecutivo de la FCM. 

En el reciente Congreso Nacional de Municipios, celebrado en Cartagena de Indias, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió a los mandatarios no bajar la guardia en lo que les resta de gestión y les aconsejó aprovechar que el gobierno “se la quiere jugar a fondo” para que puedan terminar bien y sin obstáculos sus períodos en diciembre próximo. Para lograrlo, está comprometido con sacar adelante proyectos como el que deroga la Ley de Garantías, que ha perjudicado la ejecución de los planes de desarrollo en casi todas las regiones.

¿Alcanza el tiempo para su trámite?

Aunque Toro es optimista frente a la aprobación antes de mitad de año del proyecto que elimina la norma, los alcaldes dudan de que el tiempo sea suficiente para darle el trámite necesario. “Ojalá ese mensaje de urgencia que envió el Presidente se logre materializar antes de junio próximo, cuando empieza a regir la Ley de Garantías (por las elecciones regionales de octubre). Pero me parece que es tardía la solicitud”, sostiene el alcalde de Aracataca (Magdalena), Pedro Sánchez. 

En eso coincide su colega de Lenguazaque (Cundinamarca), Camilo Andrés Lara, quien considera que quedan pocas semanas para sacar adelante la iniciativa, más aún cuando el Congreso tiene centrada su atención en temas como las objeciones a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). “Desafortunadamente si es muy tarde, ya que a esta ley se le debe hacer un análisis y un estudio a fondo (sobre su inconveniencia). La verdad, no soy muy optimista de que esta reforma alcance a estudiarse para que se den los debates correspondientes y se convierta en ley de la República lo antes posible”. El trámite del proyecto por calendario legislativo está muy ajustado, según los mandatarios. 

La ley determina que está prohibida la contratación en el sector público durante los cuatro meses anteriores a las elecciones. También establece que no se podrá nombrar a nadie ni suscribir contratos directamente ni de prestación de servicios para evitar que la transparencia electoral se vea afectada.

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