SOLO 7% DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO HAN SIDO INDEMNIZADAS

Las comisiones de seguimiento de la Ley de Víctimas advirtió la inoperancia de la legislación tras seis años de haber sido promulgada.

Las comisiones de seguimiento y verificación de los decretos para las leyes de víctimas, restitución de tierras y derechos étnicos, expresaron este miércoles su preocupación por la inoperancia de las iniciativas a seis años de haber sido promulgadas. Los comités, integrados por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, señalaron que si bien el Gobierno ha incrementado los recursos destinados a la reparación de quienes han sido golpeados por el conflicto, es preocupante el rezago que hay sobre la materia.

A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen la ayuda, pero no les han entregado la vivienda certificada por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados”, indicaron las comisiones a través de un comunicado.

Frente a la implementación del acuerdo de paz, la Contraloría indicó que parece no haber claridad sobre la financiación de los planes para el posconflicto y, mucho menos, con la situación de las víctimas.  “Por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011”, dice la misiva.

Finalmente, las comisiones hicieron un llamado de atención frente a los procesos de socialización y participación de las comunidades de víctimas en el proceso de formulación de políticas públicas. Estos fueron concebidos para incluir a las comunidades más afectadas por la guerra en la toma de decisiones de las regiones de las que han hecho parte.

“Frente al Espacio Amplio de Participación, no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la participación de la población víctima étnica, toda vez que no fueron convocadas como colectividad a dicho espacio”, concluye el comunicado.

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