Un pacto por el bien-estar


Columnistas Opinión

David Racero
Representante a la Cámara por Bogotá, Decentes

Los colombianos no la han pasado nada bien en los últimos años. El 55% de la población asegura que sus ingresos escasamente alcanzan a cubrir los gastos mínimos, el 50% de los colombianos ganan hasta $1,5 millones de pesos, mientras que el 26% de la población es pobre. En materia de mercado laboral, el 10% de la ciudadanía es desempleada, y en lo que respecta a desigualdad, Colombia es uno de los 5 países con peores indicadores en el mundo sobre esta materia, el 1% de los más adinerados de nuestra Nación concentra el 40% de la riqueza y el 20% del ingreso total. Ante semejantes injusticias, ¿qué podemos hacer?

Se han creado diferentes consensos sobre las causas de estas inequidades, una de ellas es que en Colombia hay baja productividad y nula competitividad. ¿Cómo se puede mejorar este par de indicadores?

“Las decisiones en materia de política fiscal del Presidente Duque no están alineadas con las necesidades económicas del país”.

Por una parte, se necesita de una adecuada articulación entre el Estado y el mercado, en el que las dos instituciones suplan mutuamente sus deficiencias naturales. En esta relación, la política fiscal juega un papel fundamental porque es un mecanismo de generación de incentivos en la economía. Por el lado del gasto público, se debería priorizar en áreas que permitan desarrollar actividades de alta productividad como las del sector industrial. Es crucial entonces que el presupuesto general de la Nación se invierta en educación, ciencia y tecnología y subsidios condicionados para algunas actividades industriales que sean susceptibles de exportación. Para fortalecer la competitividad se debe invertir en infraestructura, es necesario buscar nuevos medios de transporte más eficientes como trenes de alta velocidad, además de localizar las empresas en áreas geográficas estratégicas del país. Con esta medida se podría reducir el costo de transporte y crear desarrollo regional.

Ahora, por el lado de los impuestos, se deberían crear beneficios tributarios para las empresas siempre y cuando estas demuestren mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. Además, es fundamental garantizar una estructura tributaria sencilla con la cual se reduzcan costos de administración tanto para el Gobierno como para los contribuyentes, decisión que podría aminorar la elusión y la evasión fiscal.

A pesar de que el Gobierno se preocupa por la competitividad y productividad, sus decisiones de política, por lo menos en el aspecto fiscal y de inversión, no son consecuentes con dichas problemáticas. ¿Cómo vamos a mejorar la productividad si no hay mejoras en ciencia ni educación? Mientras Colombia gasta 0,25% de su PIB en ciencia y tecnología, los países de la OCDE gastan 2,24%. La ciencia y la educación atacan la desigualdad, permiten la innovación y mejoran la productividad.

Por el lado de la política tributaria, el sector que más concentra deducciones y exenciones en la economía es el sistema financiero con un promedio de 30% y 34%, respectivamente. Entre 2001 y 2018, el sistema financiero ha aumentado sus utilidades en 1.900%, mientras que el empleo del sector apenas crece en 156%. ¿Cómo vamos a mejorar la productividad si le damos beneficios tributarios a sectores improductivos incapaces de crear empleo?

Lamentablemente, las decisiones en materia de política fiscal del Presidente Duque no están alineadas con las necesidades económicas del país. En materia de gasto, la guerra y la deuda son prioridad mientras que, en temas tributarios, se dan beneficios a sectores improductivos.

Necesitamos un pacto por la equidad, la competitividad y la productividad entre el Estado, los empresarios, los sindicatos y en general toda la sociedad que permitan el bien-estar de los colombianos. Este pacto debe contener cinco elementos. Primero, que el gasto público para educación y para ciencia y tecnología crezca de forma exponencial. Con esto se ataca la desigualdad pero también se mejora la innovación y la productividad de la economía. Segundo, beneficios tributarios para empresas según su tamaño y generación de valor, condicionando dichos beneficios a mejoras en productividad, competitividad y empleabilidad. Tercero, localización de empresas en áreas geográficas estratégicas que permitan disminuir costos de producción y garantizar el desarrollo regional. Cuarto, incentivos fiscales para la transformación de la matriz energética del país. Quinto, necesitamos una reforma tributaria realmente estructural con la que evitemos estar cada 18 meses haciendo cambios en el estatuto, superando la apelación de impuestos regresivos como el IVA que afectan a los hogares de clase media y sectores populares y en el mediano plazo a la demanda agregada.

Invito a todos los partidos, gremios, sindicatos, Gobierno y demás actores a firmar este pacto por el bien-estar de los colombianos.

 

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