Un perfil del modelo de control fiscal que necesita el país

Carlos Felipe Córdoba Larrarte Contralor General de la República

Desde el día en que el Congreso de la República me eligió para el cargo, he venido liderando un esfuerzo colectivo dirigido a cumplir la más importante de mis metas: dotar a la Contraloría General de la República de un nuevo modelo de control fiscal eficaz, con capacidad preventiva y concebido para una época en la que la corrupción retrasa, frena o desvirtúa perversamente las aspiraciones sociales de la gente.

Hablo de “esfuerzo colectivo”. porque el Proyecto de Acto Legislativo que está sometido al estudio del Congreso y que ya fue aprobado en sus cuatro primeros debates por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, ha sido el producto de un ejercicio concertado con los servidores que constituyen las bases del control fiscal, representadas por los ocho sindicatos de nuestra entidad. Justo es reconocer que sus dirigentes y afiliados han venido haciendo, desde el primer día, aportes formidables a la construcción del modelo que refleja una legítima aspiración institucional.

Ese proceso de construcción conjunta se ha ido prolongando y fortaleciendo en el escenario legislativo. Las deliberaciones que condujeron a su aprobación han enriquecido su contenido y han permitido hasta ahora dejar en claro que no estamos buscando una reforma para acumular poder, sino para generar mayor eficiencia y mejores y más contundentes resultados.

Ni la Contraloría ni sus servidores experimentamos orfandad de poder porque el poder, en su medida justa y necesaria, ya nos fue otorgado por la Constitución de 1991, junto con el mandato expreso e ineludible de trabajar por la preservación y protección de los recursos públicos.

Lo que buscamos ahora es que ese poder esté acompañado por el ingrediente fundamental de la eficiencia. Para eso es indispensable que dispongamos de un sistema de control fiscal, no previo, sino preventivo, concomitante y posterior.

Una de las prioridades de la Contraloría es fortalecer el control concomitante y preventivo en la fiscalización de los recursos públicos ya ejecutados.

No de otra manera tendremos la capacidad necesaria para conseguir que los recursos de la salud pública, por ejemplo, se queden atrapados en las redes de contratistas o intermediarios inescrupulosos bajo la mirada omisiva, complaciente o cómplice de funcionarios que privilegian el lucro personal.

Dolorosas experiencias recientes nos demuestran que, con el modelo actual, las contralorías –porque incluyo aquí a las territoriales- llegan cuando del festín de los corruptos solo quedan las sobras. En semanas pasadas, cuando el país se enteraba indignado de la manera como había crecido el patrimonio familiar de un funcionario, se me vino a la mente una frase que resume la impotencia de la que debemos salir cuanto antes: mientras los corruptos van en Lamborghini, nosotros nos movemos en una bicicleta, a veces estática.

Las circunstancias apremiantes nos indican que debemos ser capaces de anticiparnos a los movimientos de los corruptos y de frenar el ritmo vertiginoso de su avance rapaz e inclemente. Si no lo hacemos, entonces tendríamos que resignarnos a ir tras la pista incierta de los recursos perdidos, de los dineros embolatados. Conformarnos con que solo las grandes urbes, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, cuenten con hospitales con cuarto nivel. Aceptar, resignadamente, que la plata destinada a la inversión social no llegue a las regiones que tradicionalmente han sido denominadas con el mote odioso de “la periferia”.

Misión en tiempo real

Entre nuestros más importantes aliados en la construcción del modelo que estamos proponiendo se encuentra el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Con él compartimos la aspiración de dotar al control fiscal en Colombia de las herramientas para que su ejercicio se de en tiempo real y preventivo.

El control concomitante y preventivo es clave porque hoy sólo es posible intervenir a la hora de actuar para fiscalizar la gestión de recursos públicos ya ejecutados.

Para decirlo en los términos coloquiales de nuestras abuelas, muchas a menudo comprobamos que después del ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Si hubiéramos tenido en su momento esa capacidad preventiva, hoy no tendríamos que estar rasgándonos las vestiduras por la pérdida de casi $84.000 millones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un verdadero siniestro que equivalió a arrebatarles a nuestros niños en edad escolar 264.555 raciones de alimentos.

En ese orden de ideas, necesitamos complementar el actual control posterior y selectivo para reducir sustancialmente el tiempo que transcurre entre la gestión fiscal y el ejercicio de su vigilancia. No niego que extraño el control de advertencia, un instrumento que permitía a la Contraloría alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público. Pero concuerdo con sus críticos en que hay que regularlo.

Refuerzos fundamentales

Mientras el Congreso de la República decide en su sabiduría los alcances de la reforma, mientras terminamos este proceso de construcción colectiva, la Contraloría General de la República se ha venido preparando responsable y activamente para la llegada de una nueva era del control fiscal.

El modelo en construcción será respaldado por tecnología de avanzada, con componentes de big data e inteligencia artificial. Estoy convencido de que es necesario generar una cultura institucional para lograr una capacidad predictiva frente a la corrupción.

Ya disponemos del primer Observatorio del Gasto Público en Colombia y también de la primera Central de observación y seguimiento a la contratación pública. La hemos denominado “Océano”, por la profundidad de los datos que nos ha permitido encontrar.

Con esas herramientas estaremos en capacidad de ejercer un control más eficiente sobre el recurso público que se derivará del Plan Nacional de Desarrollo, que contemplará un Plan Plurianual de Inversiones de $1.100 billones. Conoceremos, con la agilidad que corresponde, los movimientos del Presupuesto general de la Nación por $258,9 billones, que incluye partidas y asignaciones muy importantes económicamente y significativas socialmente como los $2,4 billones que están anunciados para los Planes Departamentales de Aguas.

Como la central “Océano” nos ha permitido conocer cómo operan las mallas de contratistas en las que se concentra el grueso de los negocios públicos en el país, las centrales integradas de información nos permitirían conocer, por ejemplo, el perfil completo de los adjudicatarios de los proyectos que serán ejecutados con cargo al presupuesto bianual de regalías que es de $19 billones. Ese es un frente de control fiscal importante, especialmente si tenemos en cuenta que la gran bolsa de regalías es de $30 billones, sumados los recursos pendientes de ejecución en vigencias anteriores.

El presupuesto para la alimentación escolar es uno de los focos clave del órgano de control fiscal.

Las veedurías ciudadanas

Otro refuerzo fundamental es la gente. Como lo expliqué en otro apartado de este artículo, la ciudadanía ha atendido nuestro llamado a apropiarse de la vigilancia del patrimonio colectivo. Gracias a las veedurías ciudadanas debidamente organizadas, hemos podido llegar por la vía del control excepcional a casos de tanta connotación social como la crisis de Hidroituango.

Las veedurías ciudadanas son el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública.

Como lo anuncié el día de mi posesión ante el Congreso de la República, no pensaba quedarme cómodamente sentado frente a un escritorio en Bogotá, sino que conocería de primera mano los problemas de las comunidades. Pues bien, en compañía de nuestros auditores hemos recorrido, palmo a palmo, la zona de influencia e impacto del proyecto. Hemos recibido el testimonio directo de los habitantes de las riberas del río Cauca y los confines de La Mojana. Gracias a ellos, la Contraloría pudo trasladar a las instancias competentes más de 300 situaciones irregulares.

A propósito de la articulación de esfuerzos con todas las contralorías territoriales, estamos avanzando en el cumplimiento de un Convenio de fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF), que también tiene una amplia base de participación ciudadana.

Creo que queda claro que para corregir las limitaciones que he venido señalando con conocimiento de causa, es necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución Política. La ciudadanía legítimamente cada día más y mejores resultados. Tengan la certeza de que los hemos venido consiguiendo, aunque serán muy superiores cuando recuperemos la capacidad preventiva y cuando podamos acompañar, sin dilaciones, las actuaciones que son objeto del control fiscal.

Mi madre decía sabiamente que quien no vive para servir no sirve para servir. Yo llegué a la Contraloría para servirle al país y estoy convencido de que mi mejor servicio será dejarle la estructura necesaria para proteger los recursos sagrados de la salud, la educación y para cerrar las brechas abiertas por la pobreza y la desigualdad.

Los retos de la Agenda 2030 no deben ser, en el caso colombiano, compromisos escritos en la letra inerte de los pactos incumplidos.

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