¡Victoria para Bogotá!

Opinión

Por: María José Pizarro Rodríguez

Representante a la Cámara por Bogotá D.C. Lista de la Decencia

Después de tres largos años de quejas, reclamos y denuncias públicas, de foros y audiencias ciudadanas, de acciones y protestas de vecinos y de llamados a la razón y la cordura sobre gestión técnica y administrativa del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, la Procuraduría General de la Nación solicitó al IDU y a la Administración Distrital suspender, por “inoportuno” e “inconveniente”, la adjudicación de la licitación y posterior firma de los contratos de construcción. 

Efectivamente, en las etapas de planeación, contratación de los estudios y diseños, de estructuración y apertura de la licitación pública del “Proyecto Urbano Integral Troncal Carrera 7”, se han identificado muchas evidentes y protuberantes irregularidades, anomalías, inexactitudes y fallas técnicas y administrativas que fueron reiteradamente inadvertidas, desatendidas o simplemente desconocidas por la Dirección General del IDU y el propio Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Enrique Peñalosa Londoño.

En este marco, respondiendo a lo aquí evidenciado y como parte de mi labor de congresista, en lo concerniente a escuchar, tramitar y gestionar las solicitudes de las comunidades particularmente del corredor oriental del Distrito Capital, quienes preocupadas por el desarrollo del proyecto y la afectación que el mismo podría tener en el entorno urbano, el patrimonio tangible e intangible de la ciudad y en la vida cotidiana de los bogotanos y bogotanas, radiqué el 21 de marzo una solicitud formal a la Procuraduría General de la Nación con el fin de solicitar la apertura de investigación por presuntas irregularidades administrativas, técnicas y financieras en el “Proyecto Urbano Integral Troncal Transmilenio”; esto como parte de los acuerdos y conclusiones de la audiencia pública “En Defensa de la Séptima”, realizada el 13 de Septiembre de 2018 en las instalaciones del Congreso de la República. 

La Procuraduría revisó y estudió, advirtiéndole a la Administración Distrital que es una necesidad y obligación administrativa que las obras que se desarrollan en un eje tan importante como la Carrera Séptima se encuentren debidamente planeadas y recordándole terminantemente que el proceso de contratación solo debe iniciarse cuando los factores jurídicos, económicos, técnicos y materiales que sean previsibles, estén agotados y plenamente armonizados por lo que resultaría inoportuno e inconveniente continuar con el proceso contractual. Bajo estos fundamentos, solicita a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Mantilla, la inmediata suspensión del proceso de adjudicación y le comunica la apertura de investigación disciplinaria a ella y otros siete directivos.

Si bien el caso particular que soporta la presunta violación del principio de planeación es la falta real y efectiva de armonización entre las obras a ejecutar por parte del promotor del plan parcial El Pedregal con las obras que se están contratando, lo cierto es que el alcalde Peñalosa y el IDU, en sus afanes de construir y adjudicar las obras de la troncal Carrera 7, no formularon un Proyecto Urbano Integral que se armonizara y se integrara en uno solo, coordinado por el Instituto, todo el conjunto de actuaciones e intervenciones inter y multisectoriales, entre ellas, por supuesto, las del plan parcial El Pedregal, independientemente que en su ejecución cada entidad deberá asumir, en lo de sus competencias, las responsabilidades administrativas y contractuales pertinentes, tal y como lo ordena el Decreto Distrital 543 de 2015.

Pero también, el proyecto, así formulado, contradice el condicionamiento que el Decreto 190 de 2014, que compila las normas del POT de Bogotá, consideró para el desarrollo de esta troncal, consistente en contemplar alternativas de diseño vial u operacional que hagan compatible el sistema de corredores de buses con el entorno urbano y de transporte individual, que implicaba buscar las mejores y más adecuadas alternativas de movilidad, en la necesidad de encontrar mejores y más adecuadas opciones y alternativas de movilidad limpia, amigables con el ambiente, más compatibles con el paisaje y el entorno urbano y, en el largo plazo, menos costosas. De hecho, no hay evidencia de un juicioso análisis de alternativas de diseño para esta importante vía troncal de la ciudad. 

“No queda otro camino que el de suspender definitivamente toda actuación relacionada con la ejecución de este proyecto vial que no llena las expectativas y necesidades de la ciudad y sus habitantes, colapsada en su movilidad y abrumada por la contaminación de su aire y la desesperada política de tala de sus árboles”. 

Pero las irregularidades e inconsistencias abarcan, igualmente, la contratación y entrega de productos finales de los estudios y diseños de la troncal a cargo de empresa consultora Ingetec, pues, entre otras, se evidencian fallas, deficiencias e irregularidades en aspecto básicos como los estudios y diseños de geotecnia de taludes, de estructuras, urbanismo, espacio público y accesibilidad, de tránsito, diseño paisajístico y seguramente los estudios y diseños de las intervenciones previstas para los 17 bienes de interés cultural que directamente serán intervenidos, en una situación que técnicamente impide garantizar la escogencia objetiva de proponentes, pues no podrán presentar ofertas realmente comparables, lo que estaría, adicionalmente, violando los principios de la contratación pública, en particular los de transparencia y economía, previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 80.

Finalmente, como para aparentar rigor técnico, el alcalde Peñalosa, el IDU y el equipo profesional involucrado, estructuran y ajustan un pliego licitatorio que en realidad pretende cubrir o mejor encubrir todas las deficiencias, fallas e inconsistencias de los estudios y diseños entregados por Ingetec, en una situación que altera sustancialmente el análisis de costos unitarios y, con seguridad, el valor mismo de los contratos que se pretendían adjudicar. 

Descrito el lamentable panorama anterior, no queda otro camino que el de suspender definitivamente toda actuación relacionada con la ejecución de este proyecto vial que no llena las expectativas y necesidades de la ciudad y sus habitantes, colapsada en su movilidad y abrumada por la contaminación de su aire y la desesperada política de tala de sus árboles. Urge que los órganos de control, en particular la Procuraduría General de la Nación, adelanten las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar contra todos los actores involucrados, incluyendo al propio alcalde Enrique Peñalosa Londoño, quien, por las evidencias, gestionó, dirigió y decidió la mayoría de actuaciones hoy puestas al examen de las autoridades admirativas competentes. Condición que se hace más exigente cuando ya se conocen decisiones judiciales solicitando al IDU abstenerse de adjudicar la Licitación para construir la troncal.

 

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